Como resultado de amenazas significativas a las rompientes de La Herradura (Lima) y Cabo Blanco (Piura) en la década de los noventa, se logró aprobar la primera ley específica para proteger rompientes de surf: la “Ley de Rompientes” (Ley de Protección de rompientes aptas para la práctica deportiva). Esta norma define a las rompientes como Patrimonio Natural del Perú, las establece como propiedad del Estado y encarga a la Marina de Guerra crear un Registro para protegerlas. La ley fue reglamentada en el 2013 y finalmente quedó claro el proceso y los requisitos para inscribir una ola en el Registro Nacional de Rompientes (RENARO).

Para proteger cada rompiente, la Federación Nacional de Tabla (Fenta) presenta a la Marina de Guerra -quienes administran la asignación de derechos de uso sobre las áreas acuáticas- una solicitud que incluye estudios técnicos (batimétricos) que justifican la existencia de una rompiente. Si se aprueba la solicitud, la Marina emite una Resolución Directoral que aprueba su protección al incluirla dentro del Registro Nacional de Rompientes. Esto permite crear restricciones legales sobre otras formas de uso en el área, principalmente relacionadas con infraestructura, exploración de petróleo y gas, y concesiones de acuicultura, protegiendo hábitats bentónicos, procesos de sedimentación y la integridad del paisaje marino. Hasta la fecha, 33 olas han sido protegidas.

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A pesar de no tener un marco legal para la protección de rompientes, la ONG Fundación Rompientes estudia la posibilidad de protegerlas mediante la Política Nacional de Derechos Territoriales de Uso para la Pesca (TURF). Los TURF son derechos de uso otorgados a los colectivos de pesca para la gestión conjunta de los recursos marinos. A través de este mecanismo, el Subsecretario de Pesca de Chile asigna derechos exclusivos de extracción de recursos bentónicos sobre áreas del fondo marino a las organizaciones pesqueras, que son responsables de desarrollar planes de manejo de los recursos y crear medidas de monitoreo y lucha contra la caza furtiva.

Las actividades recreativas, a menudo, se superponen con los TURF, en particular, las rompientes para surf. Esta coexistencia ha llevado a un crecimiento en las actividades recreativas para los pescadores y ahora es común verlos convertirse en surfistas. Además, el turismo de surf ofrece oportunidades económicas a los pescadores, lo que fortalece la relación entre los surfistas y los pescadores, y ayuda a proteger las rompientes.

La Fundación Rompientes, junto con los pescadores y otros socios locales (sindicatos, consejos locales, ONG y universidades), está desarrollando los detalles de este modelo TURF-Surf. Los factores críticos para el éxito incluyen la distribución de beneficios, los sistemas de gobierno compartido, la capacidad de los pescadores para hacer cumplir las áreas de TURF y el acceso compartido con los surfistas. Esta relación podría tomar muchas formas, pero debería centrarse en el modelo de gestión conjunta de los TURF existentes, con los surfistas, como un nuevo grupo de partes interesadas.

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El gobierno protege activamente las rompientes al incluirlas explícitamente en sus planes de ordenamiento de la zona marino y costera. En el marco de la Ley de Administración de Recursos de 1991, se promulgó e implementó la Declaración de Política Costera de Nueva Zelanda, que se refiere específicamente a la protección de rompientes de importancia nacional.

La organización Surfbreak Protection Society, a través de campañas mediáticas y de activismo, ha logrado evitar proyectos peligrosos en las áreas costeras e incluir la protección de las rompientes en espacios de planificación y de formulación de políticas a diferentes niveles.

Más información en: www.surfbreak.org.nz

A pesar que no existen leyes o políticas generales relacionadas con la protección de las rompientes, el Ayuntamiento de Gold Coast, estado de Queensland, promulgó el Plan de Manejo de Surf de Gold Coast, en 2015. Es el primer instrumento de planificación de su tipo, en el que un gobierno local y su comunidad desarrollan un plan integral y detallado para el surf y, en particular, para las rompientes. En Australia, al igual que Nueva Zelanda, se han logrado importantes avances en la gestión integrada de las zonas marinas y costeras, y es a través de estas herramientas que se vienen protegiendo las olas.

Varias políticas estatales mencionan las rompientes o zonas específicas en las que se encuentran. Por ejemplo, según la Ley Costera de California, las áreas costeras sensibles se reconocen como “áreas que poseen valores recreativos significativos” y las rompientes importantes pueden calificar bajo esta categoría. El Programa de Manejo de la Zona Costera en Hawai incluye una amplia gama de referencias que son pertinentes, en su mayoría de manera indirecta, a la protección de las rompientes. A nivel local, ciudades como San Diego, Santa Cruz y Los Ángeles, han utilizado la Ley Nacional de Preservación Histórica para proteger las áreas marinas y los saltos de surf específicos. La Comisión Costera de California cuenta con poderes que ayudan a planificar los usos que se permiten en la zona marina y costera dentro de su jurisdicción, como evitar la contaminación del mar, garantizar el acceso público a las olas y evitar construcciones que atenten contra el paisaje y los servicios ecosistémicos.